Introducción

“La inteligencia artificial es una realidad que se debe comprender y estudiar. En el ámbito legal, existe poca legislación específica para el tema. Sin embargo, la constante presencia de recursos de inteligencia artificial en la vida cotidiana hace imposible negar la necesidad de profundizar en los estudios, especialmente sobre sus impactos. Sin embargo, aunque no existe una disposición legal específica en Brasil sobre el tema, es importante señalar que se aplica la legislación nacional”.  Silva et al (2021, p. 111)

En 1997, un sistema basado en inteligencia artificial de IBM llamado Deep Blue, un precursor de Watson, derrotó al maestro y campeón de ajedrez Garry Kasparov en una histórica partida de ajedrez entre un hombre y una máquina. En los años que siguieron, las computadoras repitieron sus victorias en otros desafíos con humanos. Lo más interesante de ver este breve ascenso de la IA es que no reduce el rendimiento de los jugadores puramente humanos, sino que los inspira a dedicarse a sus actividades. 

Desde finales de la década de 1990, las empresas de tecnologías de la información, especialmente las grandes, han llegado a ver la Inteligencia Artificial como una potencial tecnología disruptiva para los próximos años. De esta manera, comenzaron a intensificar el desarrollo de sus sistemas de IA a través de la investigación y aplicación que, en un continuum se ha vuelto más complejo e insertado en gran parte de sus aplicaciones. 

En palabras de Kelly (2017, p. 65): “Si la IA puede ayudar a las personas a convertirse en mejores jugadores de ajedrez, tiene sentido pensar que también puede convertirnos en mejores pilotos, mejores médicos, mejores jueces, mejores maestros”.

Automatización en el Supremo Tribunal Federal

El procesamiento electrónico de información presentó en Brasil una importante solución aplicada al Derecho y la automatización parcial de la enorme cantidad de procesos en juicio a través del robot denominado VICTOR, un sistema basado en Inteligencia Artificial que trabaja con el Supremo Tribunal Federal (STF). El sistema fue concebido para leer recursos extraordinarios que se encontraban archivados en el STF, vinculándolos a temas de repercusión general. El sistema analiza automáticamente si un recurso vincula asuntos que el STF ya ha dicho que no examinará, lo que en el pasado lo hacía un equipo de juristas. Considere, estimado lector, que un relevamiento realizado por la propia Jusbrasil (2023) muestra que actualmente hay 106.623 procesos en curso en la Corte, casi 9.700 por ministro, siendo la mayoría de los casos referidos a recursos interpuestos contra decisiones de instancias anteriores. Conjur (2023) colabora con el análisis, informando que el STF juzgó en 2020 un número récord de recursos con repercusión general. Y, el mismo STF (2023) informa que la institución tarda en promedio 3 meses en juzgar el 82% de los recursos penales en el Tribunal. Aquí nos queda preguntarnos cuál sería el ritmo de análisis procesal que tendría el STF sin la automatización tecnológica como soporte al avance de los procesos.

Juez natural

Un proceso legal se guía por la deferencia al derecho fundamental al llamado proceso justo, basado en la predicción del respeto a la Law of the land, prevista en el artículo 39 de la Magna Charta Libertatum. Pretti (2021) enseña que las garantías judiciales surgen, entre otras, de las garantías judiciales previstas en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6° de la Convención Europea de Derechos Humanos. Reflexionando, el autor también menciona que el contenido de este Derecho Fundamental resulta en una doble configuración en el proceso: la primera relacionada con la colaboración efectiva, de la cual emerge lo dispuesto en el artículo 6° del Código de Procedimiento Civil brasileño, que “todos los sujetos del proceso cooperarán entre sí para que se obtenga una decisión justa y afectiva sobre el fondo en un tiempo razonable”. La segunda se relaciona con la constitución del proceso en cumplimiento de los derechos procesales fundamentales de igualdad, contradicción, defensa, prueba, entre otros, ante un juez natural. El autor hace uso de la observación a la Constitución italiana que garantiza el derecho subjetivo de los individuos que “nadie puede ser privado del juez natural designado por la ley" y también observa el derecho fundamental del juez natural observado en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la garantía judicial de ser oído "por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley”. Finalmente, el autor también informa que para que el Derecho Fundamental esté asegurado al juez natural, se requiere la presentación conjunta de tres factores: imparcialidad, competencia y aleatoriedad.

Así, se presentan argumentos importantes para la consideración del juez que tiene la calificación y designación amparada por la ley, aun cuando se considera una discusión importante respecto a las innovaciones tecnológicas y un nuevo contexto mundial.

Juicios hechos por algoritmos

Al cuestionarse sobre el uso de la IA para emitir juicios, y los problemas derivados de esta elección, Machado Segundo (2023, p. 34) dice que los algoritmos apreciarían, en un principio, solo los casos repetitivos. No le correspondería a la propia máquina juzgar, sino únicamente identificar la similitud entre el caso sometido a juicio y otros previamente equiparados por el órgano juzgador, con el objetivo de identificar precedentes aplicables en el proceso. Quizás el problema aquí es identificar cuáles son casos fáciles y cuáles no lo son. El autor recalca que, cuando se trata de algoritmos destinados a identificar precedentes aplicables a nuevos casos que se insertan en un Tribunal, se debe tener en cuenta no solo su falibilidad, sino su gran incapacidad para identificar situaciones en las que se deben establecer distinciones (distinguishing), y, sobre todo, el contexto en el que debe superarse el entendimiento previamente emitido por la Corte (overruling).

Al observar las operaciones ya realizadas en varios Tribunales, los sistemas artificiales juzgan un gran número de casos similares, ayudando así a abogados, jueces y juristas en general en la identificación, pero posibles errores, practicados por ellos, ya sea en el no reconocimiento de situaciones de distinguishing u overruling, ya sea en la pura y simple mala aplicación del precedente, debe ser objeto de examen por parte del órgano revisor.

Machado Segundo (2023) también argumenta que, si una máquina juzga la admisibilidad de los recursos en Cortes Superiores, los recursos tramitados contra sus decisiones no pueden ser apreciados por las máquinas. Tampoco pueden ser juzgados por un ser humano que no esté dispuesto a reconocer defectos en los juicios cuya revisión se exige.

Jueces robots

Al igual que el robot VICTOR utilizado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, el Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais también utiliza tecnología con Inteligencia Artificial en un sistema llamado Radar, que permitió la ejecución de juicios en 280 casos en una sola sesión que duró alrededor de un segundo, según lo menciona el TJMG (2018). La institución también agregó que para mediados del próximo año (2019), todos los procesos en Minas Gerais ya se tramitarían electrónicamente, aunque un grupo de abogados protestó contra el uso de robots que, en teoría, prestan servicios privados a la justicia. Pretti (2021, citando DIAS, 2005, p. 72) reporta información importante sobre el hecho de que la imparcialidad presupone la independencia judicial, revelándose como "condición sine qua non de todo el estado de Derecho", justificando la garantía de los ciudadanos en lugar de la única garantía del propio juez. Toda esta situación genera nuevas preocupaciones sobre el “juez natural” y considera que la necesaria humanización de la función judicial no puede ser suplantada desde esta función y el uso de jueces robots sería una algoritmización del derecho elevada a su máximo nivel. 

Finalmente, podemos reflexionar sobre el uso de jueces robots como una forma de automatización en los sistemas judiciales, los cuales representan una tendencia a ampliar las capacidades de juicios y gestión judicial, pero como toda tecnología en desarrollo, aún puede presentar riesgos. ¿La Inteligencia Artificial es neutral? ¿Los programadores de Inteligencia Artificial son neutrales? Considerando la respuesta como “sí”, la automatización puede ser de gran valor para el campo del Derecho y apoyo a la Justicia.

En Resumen

En esta clase hemos vimos que desde finales de la década de 1990, las empresas de tecnologías de la información, especialmente las grandes, han llegado a ver la Inteligencia Artificial como una potencial tecnología disruptiva para los próximos años. De esta manera, comenzaron a intensificar el desarrollo de sus sistemas de IA a través de la investigación y aplicación que, en un continuum se ha vuelto más complejo e insertado en gran parte de sus aplicaciones. El procesamiento electrónico de información presentó en Brasil una importante solución aplicada al Derecho y la automatización parcial de la enorme cantidad de procesos en juicio a través del robot denominado VICTOR, un sistema basado en Inteligencia Artificial que trabaja con el Supremo Tribunal Federal (STF). El sistema fue concebido para leer recursos extraordinarios que se encontraban archivados en el STF, vinculándolos a temas de repercusión general. El sistema analiza automáticamente si un recurso vincula asuntos que el STF ya ha dicho que no examinará, lo que en el pasado lo hacía un equipo de juristas. Considere, estimado lector, que una encuesta realizada por la propia Jusbrasil (2023) muestra que actualmente hay 106.623 procesos en curso en la Corte. Analizamos cuestiones sobre el establecimiento del llamado juez natural y cuestiones sobre el uso de tecnologías de la información con Inteligencia Artificial para el papel parcial de un juez robot.